El día 15 de Junio de 2007 se conmemora, de manera institucional, la celebración de las primeras elecciones democráticas celebradas en España desde el comienzo de la Guerra Civil. Treinta años después, los problemas a los que se enfrenta la sociedad española no difieren de los que provienen de la triple división que sufrimos los ciudadanos y que fueron denunciados por José Antonio Primo de Rivera. España no podrá ser una, grande y libre mientras sus nacionales se encuentren divididos a consecuencia de los partidos políticos, de las pretendidas diferencias entre sus regiones y la permanente lucha de clases que provoca la ausencia de una auténtica Justicia Social.

 

  Treinta años después no existe una política de Estado que garantice una estrategia firme en materia de terrorismo, política exterior, defensa y unidad nacional. Los partidos políticos enfrentan al pueblo con el único objetivo de obtener sus votos cada cuatro años y por ello pasamos de ilegalizar partidos terroristas a dialogar con los asesinos, de ser aliados de las potencias de Occidente a formar una alianza de civilizaciones o de ser contrarios a la guerra de Irak a bendecir la de Afganistán. Por si fuera poco, con la mal llamada Ley de Memoria Histórica, los partidos políticos provocan una división que no se apreciaba en la sociedad española desde 1936.

 

  Treinta años después, el consenso que provocó el parto de la Constitución de 1978 ha ahondado las diferencias entre las diecisiete autonomías que surgieron de dicho texto. Lejos de descentralizar la administración y agilizar la burocracia, el Estado de las Autonomías supone un elevadísimo gasto económico a la nación y, lo que es peor, ha llevado al absurdo de una competencia inter territorial que lleva a extremos como que unos españoles nieguen el agua a otros.

 

  Treinta años después las diferencias entre las clases han vuelto a aumentar debido a la existencia de un régimen económico ultra capitalista que genera un país con ocho millones de pobres y una sociedad, tan endeudada, que el setenta por ciento de ella no llega a final de mes. Además, y en aras de que pueda existir una elitista clase social capaz de mantener en “negro” ciento trece millones de billetes de quinientos euros, la inmigración como fenómeno inherente al liberalismo económico ataca en su línea de flotación a las clases más desfavorecidas pudiendo solo disfrazarlo los políticos hablándonos de cifras macro económicas que no son indicativas de la realidad diaria de nuestra Patria.

 

  Por eso, treinta años después La Falange no creé que es momento de conmemorar una fecha que ha supuesto un retroceso a épocas nefastas de nuestra historia. Treinta años después, La Falange exige la derogación de la Constitución de 1978 y la abolición de todo el entramado autonómico que en ella se establece. Treinta años después, La Falange exige la ruptura del consenso que produjo dicho texto legal y la reforma de la Ley Electoral para que el pueblo español pueda, mediante otros cauces que no sean los partidos políticos al uso, manifestar sus auténticos deseos y colaborar en el bien común. Treinta años después La Falange exige la constitución de un auténtico Estado de Derecho donde primen los intereses nacionales y se dote de un sistema económico superador de las diferencias entre las distintas clases sociales. Solo así podremos aspirar a la España grande y libre donde el común denominador para todos sea la existencia de una auténtica Justicia Social.

 

  Treinta años después, mientras otros siguen con sus festines, La Falange continúa en la lucha.   

 

 

Junta Nacional de La Falange (FE).

 

 

 

 

 

S.N. de Comunicación - La Falange: comunicacion@falange-espanola.com

 

LA FALANGE (FE)